Que luego se determine si hay algún conflicto de interés y si da a lugar a alguna responsabilidad administrativa o penal conforme a las leyes vigentes al momento de los hechos; también se hizo el llamado a la Secretaría de la Función Pública y a la Fiscalía General del Estado para que investiguen sobre lo ya mencionado sobre la asignación o adjudicación de recursos públicos a esas sociedades.
Esto por la posible comisión de prácticas monopólicas, absolutas o relativas, y concentraciones ilícitas, barreras a la competencia que posiblemente han generado efectos anticompetitivos en el mercado del deporte profesional en el estado de Chihuahua.
En días recientes se divulgó en medios de comunicación la participación en el consejo de administración de diversas sociedades anónimas promotoras de inversión, por parte de algunos funcionarios públicos que laboran en el Instituto Chihuahuense del Deporte.
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