El Congreso del estado exhortó al gobierno estatal a que analice la viabilidad de crear un Instituto Estatal de Atención a las Personas con Discapacidad para que atienda a ese sector de la población con un enfoque de política pública integral, y funcionaría como órgano descentralizado de gobierno, con presupuesto y patrimonio propios.
Además se instó a los 67 ayuntamientos del estado para que supervisen espacios públicos y negocios que garanticen la accesibilidad de los discapacitados a esos inmuebles; un instituto como éste facilitaría pasar de un enfoque asistencialista y segregacionista de algunos programas, a uno incluyente y de derechos, que propicie una atención integral a las personas con discapacidad.
Esto conlleva a la toma de conciencia sobre los derechos y la no discriminación de los discapacitados en la iniciativa privada y en el sector público; esto ha permitido que otras ciudades y países mejoren su infraestructura en beneficio de los que tienen una discapacidad y por ende ha incrementado su calidad de vida.
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