En el pronunciamiento los agricultores, productores y autoridades estatales, denunciaron la parcialidad del juez federal Nelson Pedroza quien en la resolución de la audiencia, ignoró deliberadamente pruebas presentadas por la defensa de los inculpados, que los desvincularían por la violación a los reglamentos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Los dictámenes de balística y criminalística niegan indicios de presencia de artefactos explosivos considerados como “letales”; lo que elementos de la Guardia Nacional refieren como granadas de fragmentación, el dictamen determinó que eran cápsulas compuestas por gas lacrimógeno.
Los inconformes acusan a las autoridades federales de usar a los detenidos para criminalizar al movimiento en defensa del agua, relacionando su actuar con actos criminales o “terroristas” y de sembrar evidencias para debilitar el legítimo movimiento de defensa de los recursos naturales del estado.
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